¿Arancel del 35% al acero chino bajo el Decreto 0264: escudo industrial para las siderúrgicas o vivienda más cara?
La imposición del arancel máximo del 35% a catorce subpartidas de acero provenientes de China, Rusia e India mediante el Decreto 0264 frena una avalancha de importaciones subsidiadas que creció un 290%, pero abre un pulso directo entre las siderúrgicas nacionales y los constructores de vivienda e infraestructura.
Cuando revisamos las cifras de defensa comercial presentadas por Camacero y productores integrados como Acerías Paz del Río, Ternium y Gerdau Diaco, el mercado colombiano estaba absorbiendo los excedentes de la sobrecapacidad siderúrgica asiática con precios hasta un 42% por debajo del costo local. Dado que el sector representa cerca del 10% del PIB industrial, sostiene decenas de miles de empleos formales en polos como Boyacá y el Atlántico y articula toda la cadena de reciclaje de chatarra ferrosa del país, competir sin barreras arancelarias contra plantas estatales extranjeras subsidiadas amenazaba con apagar hornos locales de forma irreversible.
Del otro lado de la balanza, importadores, talleres metalmecánicos y desarrolladores inmobiliarios advierten que llevar el arancel al techo permitido por la Organización Mundial del Comercio para países sin Tratado de Libre Comercio presiona la estructura de costos del metro cuadrado construido. Aunque las siderúrgicas nacionales argumentan que cuentan con capacidad instalada suficiente para abastecer la demanda interna sin trasladar alzas especulativas, el debate ahora gira en torno a convertir este escudo temporal en una medida antidumping permanente.
¿Debe el Gobierno mantener de forma indefinida el arancel del 35% al acero de países sin TLC para proteger la industria siderúrgica nacional, o debería desmontarlo para abaratar los insumos de construcción?
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