¿Por qué los litigios por $16 billones en peajes y la reprogramación de vigencias futuras frenan las vías 5G?
La acumulación de demandas arbitrales por dieciséis billones de pesos derivada del congelamiento de peajes y los desfases en el pago de vigencias futuras están encareciendo el cierre financiero de las concesiones viales de quinta generación, amenazando con paralizar la modernización logística y portuaria de Colombia.
Cuando analizamos la estructura de financiamiento de las Asociaciones Público-Privadas (APP) supervisadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), vemos que el modelo descansa sobre dos pilares intocables: la indexación predecible del recaudo de peajes al IPC y la certeza soberana sobre las vigencias futuras. Al haberse alterado el equilibrio tarifario en años previos, el Estado enfrenta hoy una cascada de tribunales de arbitramento con pretensiones por $16 billones y laudos ejecutoriados cercanos a $8 billones, sumado a alertas fiscales por desfases de $2,4 billones y tensiones presupuestales de hasta $5,5 billones hacia 2027 para cubrir los aportes estatales comprometidos.
Aunque los corredores 4G exhiben un avance físico superior al 90%, la factura de esta incertidumbre regulatoria la están pagando las concesiones 5G —cuyo plan de $16,7 billones apenas ronda el 27% de ejecución— y los nuevos proyectos férreos y fluviales. Los bancos internacionales y los fondos de deuda de infraestructura incorporan ahora una prima de riesgo regulatorio y jurídico más alta en el costo de la deuda senior (Project Finance), exigiendo mayores coberturas de servicio de deuda (DSCR) ante el temor de reprogramaciones unilaterales de caja. Si el país no sostiene los $19 billones anuales de inversión que estima la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el sobrecosto del flete terrestre seguirá restándole competitividad a la industria nacional.
¿Cómo debería el Estado resolver el hueco financiero de las concesiones sin disparar los peajes ni comprometer la seguridad jurídica de las obras 5G?
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