¿Pacto por el Crédito de $241,6 billones o inversiones forzosas: funciona dirigir la liquidez bancaria por decreto?
El cierre del Pacto por el Crédito con desembolsos por 241,6 billones de pesos y un cumplimiento del 94,9% demuestra que la banca privada puede irrigar liquidez sin coerción estatal, desarmando los argumentos técnicos del Gobierno para imponer nuevas inversiones forzosas que encarecerían el margen de intermediación en Colombia.
Cuando revisamos el balance auditado por la Superintendencia Financiera tras dieciocho meses de ejecución entre el Gobierno y Asobancaria, se movilizaron 36,4 millones de operaciones a una tasa promedio ponderada del 15,5% efectivo anual. Sin embargo, la radiografía sectorial revela una asimetría estructural: mientras vivienda e infraestructura desbordaron su meta con un 125,8% gracias a garantías reales sólidas y turismo alcanzó el 100,8%, los renglones de economía popular y manufactura cerraron entre el 87% y el 89%. Esto confirma que el cuello de botella del crédito productivo no es la falta de liquidez en los balances bancarios, sino la informalidad contable y el riesgo de impago que ni siquiera las coberturas del Fondo Nacional de Garantías logran absorber del todo.
Insistir en ampliar las inversiones forzosas más allá de los actuales Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) de Finagro —que obligan a los bancos a prestar a tasas subsidiadas por debajo de su costo de captación en CDT— generaría una represión financiera severa. Si se extrae ahorro privado por ley para fondear banca de segundo piso con baja rentabilidad, los establecimientos de crédito trasladarán ese costo implícito subiendo las tasas de interés al resto de empresas y hogares.
¿Debe el país renovar acuerdos voluntarios con garantías estatales focalizadas como el Pacto por el Crédito, o justifica el rezago en manufactura y economía popular imponer inversiones forzosas por ley?
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