¿Libertad regulada al precio del arroz paddy verde y arancel del 30% a Ecuador: salvavidas agrícola o distorsión del mercado?
La imposición estatal de precios mínimos al arroz paddy verde bajo libertad regulada y el arancel del 30% al grano ecuatoriano buscan evitar la quiebra de los cultivadores tras una sobreoferta histórica de 631.000 hectáreas, pero enfrentan a Fedearroz y la industria molinera por el traslado de costos.
El choque agroindustrial se originó tras una expansión récord de siembras en Casanare, Meta, Tolima y Huila que disparó los inventarios de almacenamiento hasta un 92% por encima del promedio histórico, hundiendo el precio pagado en finca por debajo de los costos de fertilizantes, secamiento y fletes. Tras los bloqueos viales liderados por Dignidad Arrocera, el Ministerio de Agricultura intervino el mercado fijando pisos obligatorios de compra por tonelada según la zona productora, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliegos de cargos contra compradores acusados de pagar tarifas inferiores a las reguladas.
Desde la otra orilla, la Cámara Induarroz de la ANDI advierte que decretar precios artificiales en un escenario de sobreproducción desconoce la oferta y demanda, resta competitividad frente a las importaciones amparadas por el TLC con Estados Unidos y termina encareciendo la libra de arroz blanco para los hogares colombianos. A su vez, Fedearroz denuncia que las alzas recientes llegaron cuando el 80% de la cosecha ya había salido de manos de los pequeños productores endeudados con la banca. ¿Debe el Gobierno mantener el control de precios y el bloqueo arancelario para proteger a los arroceros, o la solución exige ordenar las siembras y reactivar el incentivo al almacenamiento?
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